El Congreso de la República promulgó la Ley 2462 de 2025, que modifica la Ley 731 de 2002, con el objetivo de cerrar brechas estructurales que han afectado a las mujeres rurales, campesinas y de la pesca. Esta normativa establece un conjunto de medidas afirmativas, políticas públicas y mecanismos financieros que buscan garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión efectiva en los procesos productivos, sociales y políticos del país.
El objeto central de la ley es garantizar el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de las mujeres en el sector rural, priorizando aquellas en condiciones de pobreza, desplazamiento o vulnerabilidad. Para ello, articula acciones multisectoriales en los ámbitos de financiamiento, educación, participación, salud, cultura y sostenibilidad ambiental, fundamnetandose en los siguientes principios rectores:
a. Participación.
b. Autonomía y autodeterminación.
c. Igualdad de Oportunidades.
d. Sostenibilidad.
e. Progresividad y no regresividad.
f. Articulación, corresponsabilidad y coordinación interinstitucional.
g. Solidaridad.
h. Diversidad cultural.
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Instrumentos y mecanismos de implementación
1. Inclusión financiera y acceso a recursos productivos
Creación de líneas de crédito preferenciales y garantías a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).
Constitución del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (FOMMUR), orientado a financiar proyectos asociativos, asistencia técnica y formación empresarial.
Estrategia nacional para cierre de brechas en acceso al crédito con metas anuales y acompañamiento en educación financiera.
2. Política pública nacional
Diseño e implementación de la Política Pública Nacional para las Mujeres Rurales, Campesinas y de la Pesca, con vigencia decenal y reportes anuales.
Armonización con el Sistema Nacional de Reforma Agraria, el Acuerdo Final de Paz y políticas sectoriales.
3. Educación, capacitación y certificación de saberes
Ampliación del acceso a educación formal, técnica y tecnológica.
Inclusión en programas del SENA con enfoque interseccional y territorial.
Certificación de saberes ancestrales y tradicionales en áreas como agroecología y manejo sostenible de recursos.
4. Participación y gobernanza
Creación de Mesas de Trabajo para mujeres rurales en instancias de política pública.
Representación paritaria en Consejos Municipales de Desarrollo Rural y espacios gremiales.
Mecanismos para fortalecer la asociatividad y el liderazgo femenino en cadenas productivas y procesos de territorialización campesina.
5. Justicia climática y sostenibilidad
Programas para integrar a las mujeres en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático.
Promoción de producción sostenible y conservación de ecosistemas estratégicos.
6. Derechos y protección social
Estrategias para garantizar salud integral (física y mental), incluyendo medicina tradicional.
Implementación de rutas de atención frente a violencias basadas en género, con equipos interdisciplinarios y casas refugio rurales.
La Ley 2462 no es solo un marco normativo, sino una hoja de ruta para la equidad y el desarrollo sostenible en la ruralidad colombiana. Su éxito dependerá de la capacidad institucional para transversalizar el enfoque de género en la política agraria, asegurar recursos financieros y garantizar participación efectiva de las mujeres en todos los niveles de decisión.
Para mayor información consultar Ley 2462 de 2025 Congreso de la República.
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